«Siempre nos ha tocado empujar en las crisis, así que habrá que hacerlo ahora». La afirmación del secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas (Gecopi), Fernando Abad, llega justo cuando el segmento, al tiempo que se ocupa de la negociación de una nueva ley adaptada a los criterios europeos, insiste en reclamar una reglamentación específica para las cooperativas de viviendas y espera el visto bueno del Ministerio al código deontológico y la normativa de buenas prácticas que acaba de presentar. Su objetivo es «profesionalizar y dar garantías» a un sector que se erige como «alternativa» para ofrecer «casas de calidad y a precio de coste» y que cuenta, desde hace tiempo, con el interés de las grandes promotoras, reconoce Abad.

Y es que, esta fórmula, que no ofrece «márgenes añadidos» pero sí «honorarios para poder funcionar», en palabras del profesor del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, tiene futuro. En un contexto en el que abundan «los demandantes de vivienda que no pueden abordar el desembolso económico que supone su adquisición», la promoción en régimen de cooperativa aparece como oportunidad. Una tipología con mucho predicamento entre los jóvenes e históricamente vinculada a los gremios que «no tiene por qué asociarse a una capa social de ingresos bajos». Son ya millón y medio los españoles que viven en una de estas casas y un total de 5.000 las firmas que se dedican al segmento. «Lo más importante es que el comprador diseña la vivienda», afirma el gerente de PGI, S.A., Alfonso Burón. El experto participó, junto a Abad y Pérez, en un seminario organizado por el IPE que reunió, el lunes, a una veintena de empresarios deseosos de invertir en un producto «nada coyuntural» que, si se cumplen las previsiones de los tres ponentes, subsistirá, con aires renovados, en tiempos venideros.