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Un investigador realiza análisis de detección en un laboratorio especializado.
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La crisis mundial golpea con fuerza a la economía española y la famosa cultura del ladrillo, ahora sí, parece haber llegado a su fin. Se hace indispensable hallar nuevas formas de crear riqueza y el propio Gobierno de Zapatero apunta a que habrá que pisar el acelerador de la llamada economía del conocimiento.
Las universidades y centros de investigación jugarán un papel fundamental en este cambio de mentalidad, pero no podrán lograrlo sin la ayuda de la industria privada. No se trata ya sólo de realizar estudios y publicar sus conclusiones, un ámbito en el que nuestro país ha logrado importantes progresos. Ahora hay que saber convertir toda esa sabiduría en resultados concretos. Es decir, en dinero.
Las relaciones entre investigación pública y empresa privada han aumentado sin parar durante los últimos años, tal y como sería de esperar en una economía avanzada, pero aún siguen lastradas por importantes problemas, entre ellos el predominio de las colaboraciones a corto plazo y una cierta desconfianza mutua.
Las empresas piden resultados concretos que, en la mayoría de los casos, no permiten a los investigadores desarrollar todo su potencial. Y las universidades aún se encuentran, por lo general, alejadas del mundo real, incapaces de ofrecer al mercado los profesionales que éste demanda.
El gasto español en I+D ha experimentado un aumento del 50% en en los últimos 10 años y ya alcanza los 11.815 millones de euros, o un 1,2% del PIB (el Gobierno quiere llegar al 2% en 2010). Algo más de la mitad de este dinero -en concreto un 53%- proviene de las empresas, pero la participación del sector privado aún se sitúa casi 10 puntos por debajo de la media de la Europa de los 27, que alcanzó el 62,6% de acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2006.
Desde las universidades y centros de investigación se está realizando un esfuerzo por estrechar lazos con la industria, pero muchos se quejan de la falta de interés del sector privado, pese a algunas excepciones.
El organismo científico más importante del país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pretende poner en marcha de forma inminente una nueva agencia mercantil, llamada K2B, que se encargará de gestionar la transferencia de conocimiento. Su objetivo es aumentar, en la medida de lo posible, el 20% de financiación externa que recibe en la actualidad la institución desde el sector empresarial.
En las universidades públicas, y muy especialmente en las politécnicas, se han abierto camino durante los últimos años las denominadas Cátedras de Empresa, cuyas principales ventajas radican en que la financiación no está limitada a la obtención de un resultado concreto y, además, los estudiantes pueden entrar en contacto con el sector privado, lo que facilita su acceso al mercado laboral.
Es, precisamente, el paso de la Universidad al mundo laboral uno de los puntos débiles del sistema español y uno de los principales escollos a la hora de alcanzar una economía del conocimiento desarrollada. En su último informe, el Círculo de Empresarios lamenta «la desconexión» del mundo académico respecto a las necesidades de una economía moderna, pero también apuntaba al marco legal, «excesivamente restrictivo y oneroso».
Propiedad industrial
Pero mientras los empresarios demandan una mayor flexibilidad laboral, los investigadores señalan otra traba de muy distinta índole dentro del marco normativo: «El asunto de la propiedad industrial y la confidencialidad de resultados es una de las barreras que hay que salvar y debe de ser un elemento clave en la nueva Ley de la Ciencia», explica Francisco Marcellán, catedrático de la Universidad Carlos III.
Otros expertos, sin embargo, no detectan tanto un problema normativo, sino más bien cultural. Para Gonzalo León, vicerrector de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), «el marco legal ha ido mejorando con el tiempo; ahora hay un problema de cambio de mentalidad».
El problema, en cualquier caso, está claro: cada vez gastamos más dinero en I+D y tenemos al doble de profesionales trabajando en este sector que hace sólo una década, pero los resultados económicos no reflejan este esfuerzo. «Es cierto que se necesita tiempo para que los cambios lleguen a la actividad económica, pero la diferencia es exagerada y significa que algo no marcha en el sistema de innovación», señalaba José Ángel Sánchez Asiaín, presidente de la Fundación Cotec, en la presentación de su último informe sobre la I+D en España.
Uno de los problemas, según Marcellán, se debe a que «las estructuras que disponemos no son equiparables a las de países como Alemania y Reino Unido», lo que se une al hecho de que «la valoración de la transferencia es muy baja en términos académicos».
Dirigir proyectos
En este sentido, Gonzalo León propone «que no valga sólo la publicación, sino que se valore expresamente la dirección de un proyecto privado» a la hora de obtener puntos en el ámbito académico. No obstante, este experto reconoce que «por poner un pero, muchos de estos proyectos son pequeños en volumen, pequeños en tiempo y con objetivos limitados».
León insiste, en todo caso, en que los contactos con la empresa han mejorado sustancialmente en los últimos tiempos. Pero ahora «hay que pasar de tener relaciones coyunturales a establecer relaciones estables». Y esto, de acuerdo con este experto, «todavía está muy lejos».
Parques científicos
Junto a las Cátedras de Empresa, cuyo número se ha multiplicado en el último lustro, León considera que los Parques Científicos y Tecnológicos representan otro paso en la buena dirección, no sólo por establecer un nuevo marco de colaboración con las empresas, sino también por su capacidad de generar nuevas compañías surgidas del seno de la Universidad.
En el ámbito de los institutos públicos de investigación, «es muy habitual que los investigadores hagan contactos con la industria», de acuerdo con Juan José Damborenea, vicepresidente adjunto de Áreas Científico-Técnicas del CSIC. En el último ejercicio, este organismo recibió 60 millones de euros de contratos con el sector privado, lo que representa un quinto de su financiación y se distribuye entre todos los campos de investigación, aunque con mayor énfasis en alimentos, química, materiales, biología y medicina.
Sin embargo, Damborenea señala que el CSIC pretende incrementar los contactos con la industria incluso en el ámbito de las humanidades, donde se firman contratos para la confección de manuales y otros materiales didácticos, así como para labores de arqueología y remodelación de paisajes.
Desfase territorial
Dos importantes limitaciones aquejan al sistema español de innovación: una es territorial, ya que la mayor parte del gasto en investigación se concentra en cuatro comunidades; la otra es sectorial, ya que el ámbito biosanitario y farmacéutico acapara el mayor número de colaboraciones entre entidades públicas y privadas. Madrid, Cataluña y el País Vasco copan en la actualidad el 60% de las inversiones en I+D, y sólo Navarra, con un gasto del 1,92%, se sitúa junto a estas tres regiones por encima de la media española.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 1.898 empresas que colaboran con universidades y 938 que lo hacen con otros organismos públicos de investigación. Pero este creciente interés no alcanza por igual a todos los sectores.
Ajenos a la innovación
Las industrias del petróleo, las grandes farmacéuticas y las empresas de la sociedad de la información son las únicas que muestran una cultura extendida de la cooperación en I+D+i, tanto con el sector público como con otras empresas. Por el contrario, en áreas tan importantes como la agricultura y, sobre todo, la construcción, la mayor parte de empresarios se muestran ajenos a la innovación tecnológica.
Y algo similar ocurre con las Pymes, que configuran gran parte del tejido industrial del país: «Hay que convencer a la pequeña y mediana empresa para lanzarse a proyectos de innovación», comenta Gonzalo León. «Tenemos un número de empresas innovadoras relativamente pequeño».
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