El año 2003 fue para Francia el peor ejercicio de la década en términos de crecimiento económico, con un aumento del PIB de sólo el 0,2%. Y, aunque 2004 marcará inevitablemente un despegue, éste está siendo más lento y modesto de lo que estaba previsto.

A finales de enero, el paro afectaba además a un 9,6% de la población activa (un 0,3% más que en enero del año anterior). Un clima económico más favorable habría beneficiado indudablemente al Ejecutivo encabezado por Jean-Pierre Raffarin, pero algunos achacan gran parte de su fracaso electoral a su política del «justo medio»; al afán de complacer a todos, que ha terminado desagradando a todo el mundo.

Un ejemplo: en cumplimiento de las promesas electorales de Chirac, el Gobierno ha vuelto a rebajar en 2004, por tercer año consecutivo, el impuesto sobre la renta, pero eso no ha bastado para conjurar la impresión de rigor y austeridad creada por la reducción del gasto público. Y como la política económica no ha sido lo bastante restrictiva, el déficit público ha superado por tercer año consecutivo el 3% del PIB (4,1% del PIB en 2004) desatando las iras de Bruselas y de muchos de sus socios europeos.

«No se puede decir sin faltar a la verdad que se haya favorecido a los ricos en detrimento de los demás», afirmó Chirac el jueves pasado en su primera intervención pública tras los comicios.Sin embargo, muchos ciudadanos no han comprendido que el Gobierno adoptara o respaldara una serie de medidas percibidas como una regresión social, invocando la delicada situación de las finanzas públicas, y que al mismo tiempo se mostrara generoso ante las reivindicaciones económicas de algunos de sus votantes naturales, como los estanqueros o los restauradores.

El presidente se ha comprometido a corregir o revisar algunas de las disposiciones más polémicas, como la reducción de las ayudas a los desempleados o los recursos dedicados a la investigación.Pero en la etapa inaugurada esta semana con el nombramiento de un nuevo Ejecutivo no faltarán otras medidas impopulares.

A la cabeza de todas se encuentra la reforma del seguro de enfermedad, que sufre un déficit de 11.000 millones de euros y acumula una deuda de unos 30.000 millones. La mala coyuntura económica no es responsable de la mayor parte del déficit, causado por factores estructurales como el elevado consumo de medicamentos, el envejecimiento de la población y la ineficacia de un sistema que vive muy por encima de sus posibilidades.

Escasos rendimientos

La gran ley de movilización para el empleo, anunciada en diciembre pasado, ha suscitado ya la polémica sin haber visto la luz. Simplificación del Código Laboral, modernización del servicio de empleo público, fomento del empleo juvenil y flexibilización del despido deberían ser los pilares básicos del texto del que recelan los sindicatos, que temen un aumento de la precariedad del empleo y el endurecimiento de las exigencias impuestas a los parados.

Otro frente conflictivo es la introducción de los servicios mínimos en los transportes públicos, reclamados por una mayoría de franceses, según los sondeos, pero rechazados por las organizaciones sindicales.

La lista de asuntos calientes no se agota aquí. A pesar de la oposición de los trabajadores, que denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos, el equipo de Raffarin debe sacar adelante el cambio de estatuto de las empresas públicas de energía EDF y GDF, que deben convertirse en sociedades anónimas antes de poder abrirse al capital privado. Air France, Snecma, Areva, France Télécom o Aeropuertos de París son algunas de las empresas cuya privatización total o parcial está prevista. El Estado cuenta con ingresar 4.000 millones de euros por privatizaciones este año, aunque la cifra exacta dependerá, por supuesto, del mercado.

Muchas de estas iniciativas dependen de ministerios como Sanidad, Empleo o Transportes, pero nadie duda de que la última palabra la tendrá el flamante superministro de Economía, Nicolas Sarkozy, y la popularidad que ha cosechado como titular de Interior podría consumirse rápidamente en su nuevo cargo. ¿Cómo financiar la justicia social, la cohesión nacional y las demás promesas de Chirac con un déficit de 63.200 millones de euros y una deuda de un billón (63% del PIB) sin que salten las alarmas en Bruselas? El Instituto Oficial de Estadística, el INSEE, predice además un crecimiento sin brillo, alrededor del 1,7%.

«No se trata de elegir entre cohesión social y economía liberal, esa dicotomía engañosa que conduce a Francia a un callejón sin salida intelectual», decía hace unos días François Fillon, ex ministro de Asuntos Sociales y artífice de la reforma de las pensiones. Pero dada la situación del erario público francés, sus responsables no tendrán más remedio que tomar algunas decisiones difíciles.

Quizá, la única buena noticia en el país vecino es que tras las elecciones europeas del 13 de junio no habrá más comicios en Francia hasta 2007, lo que amplía el margen de maniobra político.