Los responsables de los consejos escolares de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Extremadura, reunidos ayer en Zaragoza, suscribieron un documento en el que muestran también su preocupación por «las continuas modificaciones y reformas organizativas a que se ve sometido el sistema escolar». Señalan que «esta situación ocasiona incertidumbre y siembra dudas que afectan tanto al funcionamiento de los centros como a las familias y al alumnado».

Los responsables de los ocho consejos escolares firmantes indican en el escrito: «Resultaría contraproducente una aplicación de la ley sobre la cual ya se han anunciado modificaciones». «Entendemos que es el momento adecuado para ralentizar el proceso de aplicación de la LOCE, con el fin de que las medidas correctoras del sistema que se puedan introducir sean analizadas con sosiego y con el necesario debate social».

Les preocupa especialmente todo lo relacionado con los desarrollos curriculares, la modificación de los libros de texto, los tiempos en los centros educativos o la enseñanza de la religión. Carmen Solano, presidenta del Consejo de Aragón y portavoz del encuentro, declaró: «Si no se paraliza el proceso puede darse el hecho de que se inicien evaluaciones y que luego haya que dar marcha atrás».

Por otra parte, como presidentes de los consejos escolares de comunidades autónomas, máximos órganos de participación de la comunidad escolar, entienden que «es necesario abrir un proceso para que participen todos los sectores sociales, que pueda llevar a la consecución de un gran Pacto por la Educación que marque las nuevas líneas de actuación en política educativa».

Por todo lo expuesto y «en aras de preservar en el mayor grado posible la estabilidad del sistema educativo», solicitan de los gobiernos central y autónomos la paralización del calendario de la aplicación de la Ley de Calidad, de manera que pueda servir para aclarar el proceso de implantación de dicha ley, hasta tanto el Gobierno que surja del nuevo Parlamento «marque las líneas de su política educativa y tome las decisiones que en esta materia correspondan».

El documento está abierto a las posibles adhesiones de los consejos de otras autonomías y del propio Consejo Escolar del Estado.En la reunión de Zaragoza estuvieron también representantes de Galicia, Baleares y Murcia aunque no firmaron el escrito a expensas de una consulta en sus respectivas autonomías. No pudieron asistir, por diversos motivos, los representantes de las comunidades de Cantabria, Madrid y Castilla y León.